La Ley N° 24.467 y sus modificatorias tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, impulsando para ello políticas de alcance general a través de la creación de nuevos instrumentos de apoyo y la consolidación de los ya existentes.

Al analizar la información contable trimestral que presentan diferentes SGRs ante el Mercado Argentino de Valores S.A. (MAV) en su carácter de avalistas de cheques de pago diferido y pagarés que se negocian en dicho ámbito, se puede apreciar que el ratio de apalancamiento (es decir, la cantidad de garantías otorgadas respecto del Fondo de Riesgo) ha pasado -en promedio- de un 195% a fines de 2015 a un 262% en marzo de 2018 (eje derecho), por un aumento proporcionalmente mayor de las garantías otorgadas que del fondo de riesgo (eje izquierdo). En el siguiente gráfico, se expone el avance de las tres variables en el plazo mencionado:

Uno de los factores que podría explicar el comportamiento de estas variables es el avance en normativa llevado a cabo entre fines de 2017 y lo que va de 2018, que se intenta resumir en los párrafos siguientes.

Dentro de su Considerando, el Decreto 699/2018 del 25 de julio de 2018 menciona que la ley 27.444 de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación 'se enmarca en el proceso de eliminación y simplificación normativa de diversos regímenes para brindar una respuesta rápida y transparente a los requerimientos del ciudadano y de las empresas para el ejercicio del comercio, el desarrollo de la industria y la actividad agroindustrial.'

Una de las novedades que introdujo la ley 27.444 (publicada el 18 de junio de 2018) fue la de dar la posibilidad a las SGRs de otorgar avales a tercero, ya que antes sólo se contemplaban los socios partícipes (posteriormente, el Decreto 699/2018 aclaró que los terceros debían estar categorizados como pymes, al igual que los socios partícipes). Otra modificación fue la efectuada en relación con las contragarantías exigidas a los solicitantes de avales, ya que en su artículo 71° se introdujo la posibilidad de exceptuar este requisito.

Un incentivo para atraer socios protectores a aportar capital a un Fondo de Riesgo es que el monto que los mismos destinen a integrarlo es deducible del resultado impositivo tomado en cuenta para el Impuesto a las Ganancias. A su vez, para encontrar un camino que conecte dicho beneficio con una mejora en el acceso al crédito para las pymes, la normativa exige que la SGR esté efectivamente otorgando avales respaldados con el fondo al momento del aporte. La Disposición 80-E/2017 del 8 de noviembre de 2017, que en su Considerando mencionaba que 'a fin de promover la eficiencia fiscal, resulta menester aumentar el Grado de Utilización de los Fondos de Riesgo promedio del citado Sistema', elevó a 160% el ratio de apalancamiento exigido, cuando anteriormente era de 80%.

Cabe mencionar que con fecha 10 de agosto de 2018, la Secretaría de Emprendedores y PyMES del Ministerio de Producción publicó en el Boletín Oficial la Resolución 519/2018, que establece modificaciones a la nueva clasificación que determina qué empresas se encuadran dentro de la categoría PyME. Anteriormente, la resolución 154/2018 había incorporado -de manera concurrente- la variable de personal empleado, por lo que la categorización ahora depende de estos dos factores. En el siguiente cuadro se resume dicha información, comparando los nuevos montos de facturación con los existentes desde la última modificación:

Todos estos avances a nivel normativo han otorgado el marco para que el sistema pueda desarrollarse con sustentabilidad, elevando la cantidad de pymes que acceden al crédito con un aval, y propiciando el mayor apalancamiento del sistema en su conjunto.