La semana pasada, a través del Decreto 812/2020, el Gobierno eliminó hasta el día 31 de diciembre próximo los derechos de exportación a los cueros vacunos sin curtir como una medida para aliviar la situación en la que se encuentra la industria frigorífica en relación a este subproducto.

En efecto, la misma norma argumenta que la crisis sanitaria global provocada por la pandemia determinó una fuerte caída en los niveles de exportación de cueros, generando la acumulación de estos en la industria frigorífica, con consecuencias ambientales y sanitarias indeseadas, que ponen en riesgo el mantenimiento de la actividad.

La realidad es que, más allá de la crisis actual, el conflicto dentro de la cadena del cuero es de larga data.

En la década del ’70 la exportación de cueros crudos no industrializados llegó a estar prohibida en Argentina en protección a la industria nacional. Luego, en 1992 y por decreto, se habilita la exportación de cueros salados con un arancel del 15%. Si bien a fines de 2015 las retenciones fueron reducidas al 10%, el sector curtidor siguió protegido puesto que la base sobre la que se aplica dicho tributo es la cotización en Chicago (EE.UU.) del cuero de novillo con marca en culata (Butt Branded Steer) más costo de flete, determinando una alícuota efectiva muy superior a la nominal. De esta manera, el precio del cuero argentino pierde competitividad en el mundo, aun pudiendo ofrecer una muy alta calidad.

En septiembre de 2018, bajo la administración de Mauricio Macri, la alícuota fue a un porcentaje fijo por dólar exportado -lo que inicialmente supuso una reducción- con un tope del 12% actualmente alcanzado. Si bien ese mismo año se avanzó sobre una posible reducción de la alícuota aplicable al cuero crudo, en diferentes tramos hasta su eliminación definitiva a fines de 2019, nada de ello logró concretarse previo al cambio de gobierno. Solo una última medida fue adoptada por el gobierno saliente y fue la extensión del pago de retenciones a un cupo de 2.000.000 de cueros crudos.

Naturalmente, en términos de política comercial todo estado debe priorizar la generación de valor agregado local por sobre la exportación de materias primas sin procesar.

Sucede que, en el caso de la cadena de la carne y el cuero, las curtiembres en Argentina mantienen una relación cuasi oligopólica con los frigoríficos locales, donde un alto porcentaje del procesamiento lo concentran tan solo 5 empresas. Esto genera que, ante la falta de competitividad para exportar el cuero crudo, los frigoríficos quedan expuestos a una demanda local altamente concentrada que termina erosionando el precio recibido por este recupero, generando costos adicionales a toda la cadena.

La realidad es que esta larga historia de fricciones terminó de eclosionar en medio de la crisis de la pandemia cuando, a inicios de la cuarentena, las curtiembres dejaron de retirar los cueros de las platas de faena suscitando un enorme problema de manejo, incluso desde el punto de vista sanitario.

Si bien el conflicto logró dirimirse tras la intervención del SENASA, quien instó a las curtiembres a normalizar el retiro de los cueros, lo cierto es que el valor de este recupero terminó por derrumbarse en el mercado interno.

Por un lado, la realidad indica que durante los primeros seis meses del año, las exportaciones de cuero curtidos y preparados se derrumbaron en más de un 36%, pasando de 56.850 toneladas en 2019 a 36.273 toneladas en 2020. La crisis global expuesta por la pandemia, redujo drásticamente la demanda de productos de marroquinería y demás artículos de lujo elaborados a partir del cuero, situación que se origina en medio de un contexto en el que el uso de este este producto ya venía perdiendo firmeza debido a la creciente adopción de materiales sintéticos. Sin embargo, el valor del cuero vacuno en EE.UU. ya ha comenzado a recuperarse tras el piso alcanzado en abril mientras que, en Argentina el producto sigue sin referencia de precio e incluso, en algunos casos, directamente carece de valor.

A fines de junio de este año, el presidente Fernández -como medida excepcional- ordenó suspender la aplicación de derechos de exportación sobre las ventas externas de cueros bovinos y ovinos sin procesar por un plazo de 60 días, lo que se vio reflejado en un aumento de las exportaciones de dichas partidas. Durante el bimestre julio-agosto, las exportaciones de cueros en bruto se quintuplicaron respecto de las escasas 4.000 toneladas exportadas en igual período de 2019. En tanto que, en septiembre volvieron a marcar un récord de casi 15.000 toneladas que acumulan un total de 58.500 en lo que va del año. Este incremento en la exportación de cueros crudos, lleva a un cambio en la participación de las exportaciones, llegando a representar en estos primeros nueve meses del año cerca del 53% del total exportado (111.000 toneladas), comparado con el 18% y 23% en igual período de 2019 y 2018, respectivamente.

Esta nueva excepción que acaba de aplicarse hasta el 31 de diciembre, tiene por objeto resolver temporalmente una situación de desequilibrio en la cadena. Sin embargo, no es más que una medida de emergencia que no termina de resolver el problema de fondo.

Ninguna relación comercial con el exterior puede desarrollarse con un horizonte temporal tan restringido. Aun si esto fuese posible, la realidad es que vencido el plazo y restituidos los aranceles, el producto volverá a perder competitividad de manera inmediata y las ineficiencias de la industria nacional seguirán sin resolverse.

En definitiva, un subproducto que debiese representar un crédito o recupero para a industria de la carne, termina transformándose en un costo cuyo impacto derrama sobre toda la cadena.

Un ejemplo más de cuando atener la emergencia no resulta suficiente.