Uno de los países que ha registrado en los últimos años un notable crecimiento en la producción e industrialización de oleaginosas es la República del Paraguay. Esta nación hermana se ha transformado en el sexto productor mundial de poroto de soja, con una producción de 8,1 millones de toneladas en la campaña 2012/2013 (USDA). Fue superada en dicho ciclo por Estados Unidos de América (aproximadamente 82 millones ton), Brasil (81 millones ton), Argentina (48,5 millones ton, estimadas por GEA-BCR), China (12,6 millones ton) e India cuya producción alcanzó los 11,5 millones de ton en dicha campaña.

Paraguay es, asimismo, el cuarto exportador mundial de poroto de soja. En el ranking que computa los registros del 2012/2013 aparecen, en los primeros lugares, los Estados Unidos de América con exportaciones que ascienden a 40,8 millones ton de poroto de soja, Brasil con 29,9 millones ton, Argentina con 9,2 millones ton y finalmente Paraguay con 6,7 millones ton.

Para la presente campaña 2013/2014, las perspectivas son realmente alentadoras. Por el incremento previsto en la superficie cultivada, el paquete tecnológico a aplicar en la producción y si el clima acompaña, este país podría llegar a producir cerca de 15 millones ton de granos según estimaciones de la Cámara Paraguaya de Procesadores y Exportadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO).

La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) ha informado que Paraguay podría llegar a alcanzar una producción de soja de 9.367.000 ton, con un área sembrada del orden de 3.157.000 hectáreas y un rinde aproximado de 29 quintales por hectárea. Si comparamos la producción de soja estimada para Argentina en la campaña 2013/2014 (55 millones ton), podremos observar que nuestro país llegaría a cosechar casi 6 veces la producción de nuestro vecino. En lo referido al área sembrada con este cultivo en Paraguay, la misma es equivalente al 15% del área sembrada en Argentina.    

El crecimiento de la soja en Paraguay ha sido impactante. Hace 10 años atrás, el área sembrada con este cultivo era prácticamente la mitad de la actual (1.550.000 ha en zafra del año 2003). Idéntico comentario puede hacerse sobre la producción de poroto de soja, que en dicho año ascendía a 4.518.000 ton.  

Con este notable incremento en la producción, el complejo sojero pasó a ser el primer producto de exportación del país. Ha logrado remplazar al algodón y a la carne vacuna, otras dos cadenas de valor agroindustriales sumamente importantes para la balanza comercial paraguaya. El complejo sojero generó aproximadamente 2.400 millones de dólares anuales en exportaciones en el período enero-agosto del corriente año. Es importante destacar que la economía paraguaya podría llegar a crecer un 13,6% este año, principalmente por la mayor actividad del sector agropecuario.

Actualmente, Paraguay exporta la mayor parte de su producción de soja como poroto. Si tomamos un excelente año en materia de producción como lo fue el 2011 (7,1 millones ton según CAPECO), observaremos que exportó cerca de 5.138.000 ton de poroto, aproximadamente un 72% del total. La producción de harina de soja ascendió a 1.248.000 ton, exportándose el 74% (aprox. 925.000 ton). En tanto que la producción de aceite de soja alcanzó las 321.000 ton, despachándose al exterior el 75% (aprox. 241.000 ton). Sus principales mercados son la Unión Europea, Argentina, Brasil y Turquía para granos. Aceite y pellets se exportan a países de Sudamérica y Asia.

En los últimos años se ha incrementado la presencia de grandes empresas exportadoras internacionales, tales como: Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Louis Dreyfus, Cargill y Noble. También operan cerca de 50 cooperativas agropecuarias.

Pero el dato más llamativo es que Paraguay podría llegar a triplicar su producción y exportación de aceite de soja en el año 2014 cuando empiecen a operar dos grandes plantas de procesamiento: la de Archer Daniels Midland (ADM) y la del joint venture de Bunge y Louis Dreyfus. La capacidad de crushing de soja actual asciende aproximadamente a 2.392.500 tn/año, computando teóricamente 330 días de operación en el año. Con las nuevas inversiones, el complejo industrial oleaginoso paraguayo podría alcanzar una capacidad de molienda de 4.471.000 Tn/año, conforme lo evidencia el cuadro que acompaña este artículo.

En este contexto de excelentes perspectivas para el complejo oleaginoso y el sector agropecuario, es importante evaluar lo que esta sucediendo en la economía paraguaya en los últimos meses. A partir de la asunción del Presidente de la República, Horacio Cartes, en agosto del corriente año, se observa la clara intención del Gobierno Nacional de mejorar el ambiente de negocios, dando previsibilidad y seguridad jurídica a las inversiones extranjeras directas y a los inversores locales. El Gobierno ha iniciado una ronda de visitas a inversores y empresarios en Estados Unidos, quienes habrían mostrado interés en adquirir títulos públicos nacionales y realizar inversiones bajo el marco de un proyecto de ley que aún no ha sido sancionado y que recibe el nombre de "Ley de alianza público-privada".

El proyecto de ley busca que, en el caso de existir restricciones presupuestarias y falta de financiamiento del Estado Nacional en actividades que puedan ser realizadas por el sector privado, éste pueda alcanzar un acuerdo y alianza con el Gobierno para poder ejecutar estas obras o prestar servicios mediante la figura jurídica de concesión de obra o de servicios públicos. Las actividades concesionadas se prestarían bajo la coordinación y control del Estado paraguayo.

En otro orden, se verifica en los últimos meses una creciente preocupación del Gobierno Nacional por el equilibrio fiscal y las buenas prácticas de transparencia en el sector público. Numerosos entes oficiales como el Poder Judicial, el Banco Central del Paraguay, la Cámara de Senadores, la Gobernación del Departamento Central, etc. han publicado recientemente la nómina de funcionarios y el detalle de sus salarios, informando sobre este tema a sus ciudadanos.

El Gobierno está trabajando, además, para mejorar la calificación de riesgo soberano de su deuda de largo plazo, tanto en moneda local como extranjera. Para ello ha tomado contacto con las calificadoras de riesgo, a fin de hacer conocer las medidas gubernamentales que se estarían adoptando. En la actualidad, ambas deudas de largo plazo han recibido la calificación de "Ba3" por la calificadora Moody´s y "BB-" por Standard and Poors y Fitch. Si bien estas calificaciones están catalogadas como "Grado de no inversión", Paraguay se encuentra a tres niveles de alcanzar la categoría de "Bajo grado de inversión", existiendo buenas perspectivas para alcanzar este objetivo. Las calificadoras de riesgo esperan para mejorar la calificación la sanción de la ley de "alianza público-privada" y el mantenimiento de la actual estabilidad macroeconómica con una tasa inflación razonable y una política fiscal sostenible.

Otro de los objetivos del Gobierno Nacional es el fomento de las inversiones en el sector agropecuario. Para ello, el Poder Ejecutivo ha presentado una iniciativa para unificar el área de Catastro con el Registro Público de la Propiedad, ya que uno de los problemas que presenta el país en algunas áreas geográficas es la falta de transparencia en la titularidad de dominio de los inmuebles rurales y urbanos. Esta medida permitirá dar mayor seguridad jurídica a los que inviertan en las explotaciones agropecuarias.

Una evidencia de la preocupación que existe en Paraguay por apuntalar la competitividad de su sector agropecuario y del complejo oleaginoso puede observarse en lo sucedido esta semana con los nuevos tributos fijados al sector agropecuario y el veto realizado por el Sr. Presidente de la República. En efecto, en el mes de octubre de 2013 el Congreso paraguayo aprobó una ley que establecía impuestos a las exportaciones de granos luego de un largo trámite parlamentario que se inició a finales del 2012. Establecía una alícuota del 10% a las exportaciones de soja, trigo, maíz y girasol en estado natural, porcentaje que luego el Poder Ejecutivo podía llegar a reducir en años de baja productividad.

Esta medida fue resistida desde un primer momento por los productores agropecuarios, ya que el impuesto citado se sumaba a otro aprobado en septiembre de este año que gravaba la renta agropecuaria. Esto implicaba un aumento significativo del aporte del campo al fisco. Algunos analistas especulaban con que el Estado Nacional podía llegar a recaudar unos 300 millones de dólares anuales con la aplicación del gravamen a las exportaciones y cerca de 250 millones de dólares con el tributo a la renta agropecuaria.

Pero el miércoles 16 de octubre del corriente año, vía decreto N°487, el presidente Cartes vetó la ley que fijaba impuestos a las exportaciones de granos, argumentando que la misma podría llegar a incidir negativamente en el crecimiento económico del país a mediano y largo plazo. La Presidencia sostuvo que se trata de un impuesto altamente distorsivo y regresivo, donde los exportadores terminarían trasladando la carga tributaria a los pequeños y medianos productores agropecuarios, restándoles competitividad. No debe olvidarse en este punto los inconvenientes derivados de los altos costos de transporte granarios que tiene Paraguay respecto de sus competidores vecinos, ya que la producción de granos, aceites y subproductos debe salir por la Hidrovía Paraná-Paraguay (en su gran mayoría) o por modo terrestre a los puertos brasileños.

Los considerandos del decreto indicaban que de aplicarse el impuesto sobre el valor bruto de la producción, independientemente de las ganancias o pérdidas que genera la actividad, este tributo podía llegar a convertirse en "un castigo al sector productivo en épocas de recesión o caída de la producción". Indicó, además, que con la aplicación del tributo se creaba una barrera a la libre circulación de bienes entre los países, que podría generar demandas en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y otros convenios internacionales de los cuales el Paraguay forma parte. Si bien la ley objetada volverá al Congreso, los analistas estiman que no existen las mayorías parlamentarias para dejar sin efecto el veto del presidente. De todos modos, lo sucedido refleja la sana preocupación que existe en el país vecino por la competitividad empresaria del sector agropecuario y las tensiones que también se observan en otros países de la región por lograr un equilibrio fiscal vía mayores impuestos al sector agropecuario.